Temática: Fomento de la Cultura Archivística

Estatus: En desarrollo

Palabras Clave: repositorio, buenas prácticas archivísticas, preservación, cultura archivística

Plantilla de información: creacion_de_repositorio_electronico_de_buenas_practicas.pdf

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Introducción: Con la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, publicada en 2018, se establecieron las bases para la organización y gestión de los archivos, identificando entre los sujetos obligados a su cumplimiento, al Poder Judicial. Esto trajo consigo, la necesidad de revisar el nivel de cumplimiento que se tenía respecto de este nuevo marco jurídico, encontrando numerosas actividades que debieron implementarse o que se encuentran en proceso de implementación, así como la mejora de algunas acciones que ya se tenían avanzadas y debían fortalecer para estar en consonancia con lo que mandata la Ley.

Es un hecho que el cumplimiento de la Ley ha implicado para los archivos de los poderes judiciales una revisión exhaustiva de sus procesos, políticas e incluso infraestructura física y tecnológica, teniendo que alinear muchas de las actividades que venían realizando, a las obligaciones que esta legislación establece en materia de administración, organización y conservación de su patrimonio documental.

Se considera que la tarea no ha sido sencilla, ya que, la documentación que emana de la actividad judicial en nuestro país, tiene sus particularidades, por lo que su integración a un expediente y su valoración, así como los plazos de conservación, difieren de manera sustancial respecto a la generalidad, representando un reto para los encargados de los archivos judiciales. A esto se suma que, hasta el momento, no se han publicado las “recomendaciones archivísticas para la emisión de normativa para la organización de expedientes judiciales” (LGA, 2018) que ayudarían en mucho, a uniformar criterios en el tratamiento de su documentación.

En ese sentido, se considera que la documentación e intercambio de buenas prácticas permitirá aprender de las experiencias de otros, para generar nuevo conocimiento e implementar medidas que fortalezcan las capacidades de los archivos judiciales, para dar cumplimiento a lo que establece la LGA.